Platón
En estas dos semanas, desde la última vez que nos reunimos aquí mismo, frente al Consulado de España en México, un grupo de descendientes del exilio y simpatizantes de la República hemos asistido con estupor a un juicio: el de Baltasar Garzón, que sin duda ha significado la peor vergüenza internacional para España desde el alzamiento militar de 1936.Por una parte hemos visto como de la manera más burda, la “justicia” española (si es que a eso se le puede llamar Justicia) ha inhabilitado a Baltasar Garzón en su cargo de juez de la Audiencia Nacional por once años –a pesar de que la fiscalía pedía sólo diez de castigo. Sin duda alguna se trata de un escarmiento ejemplar por el “delito” de extralimitarse en sus funciones al recurrir a escuchas para destapar un caso de corrupción en la comunidad valenciana. La llamada “trama Gürtel”.
Es de lógica elemental pensar que si en realidad las escuchas en este caso fueran consideradas ilegales y, en consecuencia, materia de un delito, a ningún policía se le ocurriría solicitarlas, a ningún juez se le ocurriría a utilizarlas, a ningún fiscal autorizarlas, ni a ningún juez sustituto prorrogarlas.
Por lo tanto, si interceptar las conversaciones entre abogados defensores y presuntos criminales debilita las garantías de los detenidos, cosa que parece evidente y que lo debería parecer siempre sin excepción alguna. Y ha habido excepciones como ha ocurrido en casos de narcotráfico, del asesinato de Marta del Castillo, por no citar la infinidad de veces que se realizaron escuchas con ETA o su relajado “entorno” cuando Garzón no molestaba y era considerado “El Superjuez”. Esto demuestra la excepcionalidad de este caso.
Por eso, queda claro que el único propósito de este dictamen es quitarse de encima al juez que llevaba más de 114 mil causas abiertas contra los crímenes del franquismo y silenciarlas, ocultarlas, anularlas, prescribirlas, para intentar que vuelvan a ser olvidadas. Pues resulta por demás significativo que, en casi 40 años de “democracia”, el único procesado por los crímenes cometidos durante el franquismo sea el único juez que se atrevió a investigarlos. Eso es y pasará a la historia como una vergüenza y un atropello de la justicia española.De esta manera, asistimos con verdadera indignación y tristeza al ver que la primera vez que se le dio voz en el Tribunal Supremo a los representantes de varias asociaciones de la Memoria Histórica y se escucharon sólo algunos de los desgarradores testimonios de los millones de víctimas, fuera en un juicio que ha demostrado no ser más que una puesta en escena para “legitimizar” algo que ya estaba hecho: una “vendetta” personal al más puro estilo mafioso.
Porque es tan evidente que repetirlo da vergüenza: Los jueces a los que el mismo Garzón les demostró parcialidad en el juicio por los crímenes del franquismo -y que tuvieron que dejar esa causa-, están procesándolo ahora en el juicio por las escuchas de la trama Gürtel.
El propio fiscal anticorrupción, Jiménez Villarejo, lo ha resumido claramente retratando a la Audiencia Nacional como una “casta de burócratas al servicio de la venganza institucional”. En el 39 se les fusilaba, luego en Italia los volaba la mafia. Ahora, en la España “moderna”, la que tiene una democracia ligera producto de una mal llamada Transición, los inhabilita la Audiencia Nacional. Todo atado y bien atado.
Y es que en el caso de la Audiencia Nacional es así de claro. Ningún juez se acuesta franquista y se levanta demócrata.
Por eso, no deja de ser inconcebible que el mismo día que el juez Carlos Dívar -el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial , el órgano encargado de la inhabilitación de Garzón, mientras está firmando esta injusta sentencia, publica en el suplemento Alfa y Omega, del diario ABC, un artículo sobre la visita del Papa titulado: “No desaprovechemos ese regalo”. En él, muestra su fe con emocionadas frases como: “Yo, que ya tengo mucho años, pienso abrir, con todas mis fuerzas, mi alma y mi corazón al dulce Cristo de la Tierra. Quiero unirme a la juventud del mundo en una oración de agradecimiento y alabanza al Creador porque, a estas alturas de la vida, he llegado a comprender que sólo en Él está la única Verdad“.
De más está decir que resulta lamentable que el responsable del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, dos órganos encargados de conocer la verdad y someterla a la ley, sea un hombre que piensa que eso que llama con mayúscula “Verdad” sea un atributo divino y no una búsqueda humana. Este tipo de pronunciamientos nos recuerda demasiado a los tiempos del nacional- catolicismo, del partido único y de la dictadura. Y esto es inadmisible.
Evidentemente que se puede ejercer de manera privada la creencia que se prefiera pero hacerla pública en un medio de comunicación masiva debería ser causal para una inhabilitación de un cargo público, en un estado laico y aconfesional como todavía lo es España.
Por eso, no sabría decir si el Creador lo haya querido así, pero el caso es que desde que el juez Carlos Dívar fuera nombrado presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en 2008, unas semanas antes de que Baltasar Garzón se declarase competente para instruir una investigación acerca de los crímenes del franquismo, todo lo ocurrido posteriormente con él ha ocurrido bajo su terrenal supervisión. Divina providencia le llaman algunos.
Esto nos hace ver que el mito de las “Dos Españas” está más vivo que nunca, y que en realidad siempre se ha tratado de una, reprimiendo a la otra, desconociéndola, anulándola, ninguneándola y, desgraciadamente, cada día que abrimos el diario, esto nos resulta más y más evidente.Ahora la nueva información que guarda un paralelismo alarmante con el caso Garzón es que la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial acordó abrir unas diligencias, en función de la denuncia presentada por el abogado de Jaume Matas, al juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, cuyo titular es el juez José Castro Aragón, el que investiga el caso Urdangarin, por supuestas filtraciones de sumarios declarados secretos.
Nuevamente los implicados en un caso de corrupción intentan desacreditar a un juez con el claro fin de tapar otra cloaca, la de la Casa Real, en lo que parece más un caso de coerción política que otra cosa.
¿Hasta cuándo va a callarse la democracia en España? ¿Cuándo van a poder dar por cerrada realmente la Transición? ¿Realmente alguien puede sentirse representado por estas instituciones mal llamadas “democráticas”?
En nuestra humilde opinión, no, y tampoco creemos que esto ocurra hasta que no se comience a hablar seriamente de una Tercera República Federal, Participativa, Laica y Solidaria para España. De momento, ante la ya inminente inhabilitación del juez Garzón, no podemos permitir que las miles de causas abiertas por los crímenes del franquismo sean archivadas y olvidadas por el poder judicial, cuando deberían ser investigadas de oficio, en un afán de búsqueda constante de la reparación y justicia de las víctimas y sus familiares.
Porque no podemos permitir que se pierda la perspectiva que más allá de la suerte del juez Garzón, las verdaderas víctimas en este caso son las miles y miles de personas que siguen regadas en las cunetas por toda España: 200 mil los que se conocen, con nombres, apellidos, familia, descendencia. Los miles y miles de niños robados al momento de nacer, que se estiman en 35 mil. El número indeterminado de personas desaparecidas. El medio millón de exiliados, cuyos descendientes hoy y aquí manifestamos nuestra indignación y tristeza.
Resulta significativo, que el pasado viernes, la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, haya pedido a España la derogación de la ley de amnistía de 1977 porque incumple la normativa internacional en materia de Derechos Humanos. Esperemos que la presión internacional consiga, lo que ahora no ha conseguido Garzón.
Porque no podemos permitir que miles de personas permanezcan otros cuarenta años en la ignominia. Es fundamental exigir que las víctimas del franquismo reciban el mismo estatus jurídico y el mismo trato institucional que las víctimas del terrorismo, partiendo del principio que plantea el artículo 14 de la Constitución española vigente que establece el concepto de igualdad ante la ley y se refiere esencialmente a que los poderes públicos no pueden dar un trato distinto a una situación similar. Y el terrorismo de estado sigue siendo terrorismo.
Tampoco podemos permitir que las instituciones públicas (como la RAH), la prensa (como toda la “Caverna” mediática) y sobre todo los partidos políticos (como el gobernante) no condenen abiertamente al franquismo, amparándose en dicha Ley de Amnistía. De esta manera, no sólo evitan llamar a las cosas por su nombre utilizando eufemismos como “la gran placidez” o “la dictablanda”, sino que abiertamente actúan a su favor. Ya está bien.No vamos permitir que pasen de nuevo… Por eso, no acatamos ni respetamos una sentencia injusta y predeterminada que rechazamos frontalmente… Ni vamos a permitir bajo ningún concepto, que la memoria de las víctimas del franquismo vuelva nuevamente a ser borrada y enterrada, ahora en los tribunales.
Porque más vale morir de pie que vivir de rodillas… ¡Viva la República!...
Sebastián del Amo
Secretario de Comunicación
Unión Cultural Sinaia
Descendientes del Exilio y
Simpatizantes de la República
